El desarrollo de las nuevas tecnologías unido a la actual pandemia mundial ha permitido que cada día sea mayor el número de personas conectadas y que cada vez se realicen más transacciones vía web. Esto ha sacado a la luz la necesidad de actualizar nuestra legislación en materia de ciberdelitos agilizando el proyecto que se encuentra en el congreso para tener una ley cuyo objetivo fundamental sea la prevención, investigación, persecución y sanción de estos delitos.
Siendo los ciberdelitos aquellos delitos cometidos por o a través de internet, que atentan contra las libertades, bienes o derecho de las personas, algunas de las actividades que entran en esta definición son el cyberbulling, ciberacoso, vishing, grooming, sexting, phishing, pharming, smishing, malware, ransomware, SIM swaping y el terrorismo virtual, por mencionar a algunas.
Actualmente estos delitos significan un gran perjuicio para las personas y muchas empresas, sobre todo para los bancos quienes están debiendo responder ante los clientes por los dineros que sustraen los ciberdelincuentes de sus cuentas. El menor nivel de interacción personal de esta nueva era permite a los estafadores ocultarse detrás de identidades robadas o inventadas, facilita abrir cuentas y tener acceso a dinero, bienes y servicios que no se tienen intención de pagar. Cualquier persona puede ser víctima y caer en las redes de hackers y defraudadores. Por esto, no se
trata de que solo las empresas inviertan en sistemas de cberseguridad para evitar la comisión de estos delitos, sino que es necesario idear un sistema que permita perseguirlos, logrando identificar a los ciberdelincuentes y castigarlos con todo el rigor de la ley.
En regímenes jurídicos como el de Estados Unidos y la mayoría de los países desarrollados, estos delitos tienen asociadas penas muy altas y existen una diversidad de herramientas investigativas que permiten dar con sus autores, circunstancia que está muy lejos de nuestra realidad pero que podría cambiar con una nueva ley que regule adecuadamente esta materia y entregue Herramientas de investigación a las policías.
Según datos del FBI, en ese país, solo las vulneraciones de correo electrónico empresarial (BEC), que son un tipo de phishing, costaron a las organizaciones unos 1.8 billones de dólares en el 2019.
Tengamos en consideración que la comisión de delitos, en general, es una decisión de costo beneficio, si para el delincuente cometer el delito no tiene ningún costo y tiene un alto beneficio, desde luego será lucrativo realizar esta actividad. La única forma de elevar el costo asociado es lograr sancionar estas actividades ilícitas y para eso se necesitan herramientas acordes a la problemática que se enfrenta y nuestra legislación no las contempla, lo que dificulta su investigación.
Se trata de delitos que seguirán creciendo en cantidad e importancia, según Gabriel Murcia, experto en seguridad de Correo Electrónico de la empresa Valimail, uno de los actores importantes del mercado, la emergencia sanitaria también ha impulsado los ataques de phishing en el mundo y se ha registrado un aumento del 4 mil por ciento para los meses de abril y mayo de 2020.
De este aumento de casos no está exento nuestro país por lo que urge una actualización normativa en la materia. El proyecto de ley que se encuentra en el congreso si bien entrega mejoras para la investigación de estos delitos, aún mantiene penalidades sumamente bajas que no disuadirán a los delincuentes de llevar a cabo estas conductas. Así, es poco lo que podemos esperar, pero al menos es una mejora.
Sebastián Izquierdo Bascuñán
