El caso del fiscal Cooper y la causa ProCultura: una alerta sobre la fragilidad del sistema penal frente al poder.
Durante las últimas semanas, la renuncia del fiscal Héctor Barros Cooper a la causa que investiga el presunto fraude de la Fundación ProCultura, vinculada al círculo político de Democracia Viva, ha desatado no solo un debate jurídico, sino una advertencia política de fondo: ¿Qué tan blindado está el Ministerio
Público frente a presiones externas cuando las causas rozan al poder?
El trasfondo penal del caso ProCultura
La causa que investiga el eventual desvío de fondos públicos destinados a programas sociales, canalizados a través de fundaciones —entre ellas, ProCultura—, es parte del fenómeno conocido como el “Caso Convenios”. La Fiscalía ha centrado su investigación en delitos como fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias, figuras típicamente asociadas al fenómeno de corrupción pública estructural, más que a hechos aislados.
En este contexto, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros Cooper, asumía la conducción de una causa compleja y de alta sensibilidad política, no sólo por su arista penal, sino porque toca directamente a redes de financiamiento político irregular en plena vigencia de un gobierno.
¿Qué ocurrió con el fiscal Cooper?
Barros Cooper presentó su inhabilitación voluntaria luego de la filtración de un correo electrónico dirigido a la abogada asesora de la fundación ProCultura, en el que se refería a posibles consecuencias de ciertas decisiones procesales en tono que fue interpretado como impropio o poco objetivo. Si bien el contenido del correo no constituyó una infracción penal ni disciplinaria per se, abrió la puerta a una ofensiva política que terminó por deslegitimar su continuidad en la causa.
Aquí surge la primera alerta:
La instrumentalización de una inhabilitación como estrategia de presión política encubierta.
Riesgos institucionales y señales al mundo penal
- Se debilita la autonomía del persecutor penal.
El mensaje que se instala es que basta un correo mal interpretado o una presión mediática sostenida para apartar a un fiscal de una causa de alta connotación. - Se abre la puerta a litigación estratégica ajena al derecho.
Cuando el criterio técnico queda subordinado al cálculo reputacional, el derecho penal pierde su imparcialidad. - Se fractura el principio de continuidad y especialización en causas complejas.
Al cambiar al fiscal a cargo se pierde no sólo el conocimiento acumulado, sino también el eje estructural del diseño investigativo.
¿Qué habría hecho un defensor penal con experiencia?
Desde una perspectiva técnico-penal, la inhabilitación de un fiscal no puede resolverse por clamor mediático ni inferencias políticas. Debe resolverse conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público y encontrarse suficientemente fundada. No hay norma que incluya como causal de inhabilitación las interpretaciones políticas ni “pérdida de confianza pública”. La discusión en este caso es clara: el problema no era jurídico, era estratégico y político.
Conclusión: el precedente que no podemos dejar pasar Lo ocurrido con el fiscal Cooper no es menor. Establece un precedente donde el poder político y la opinión pública pueden desestabilizar investigaciones penales complejas, dejando un mensaje peligroso para futuros fiscales que se atrevan a seguir el dinero cuando éste circula cerca del poder.
Si el Ministerio Público pierde su autonomía frente a casos de alta connotación política, pierde su función más esencial: la garantía de igualdad ante la ley.
Soy abogado penalista, y he aprendido que, en el proceso penal, la verdad no solo se investiga, también se resiste. Y cuando el sistema duda frente al poder, es nuestro deber señalarlo.
¿Hasta dónde llega la autonomía real del Ministerio Público en Chile?
Sebastián Izquierdo Bascuñán
Abogado Penalista | Socio Izquierdo & Hurtado
